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Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros
Por : Gustavo Villarrubia en Reportajes de investigación
Publicado: 02.02.2012
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Adquisiciones con sobreprecios millonarios, proveedores privilegiados, como Mellafe y Salas; trampas al sistema de Chile Compra y contratos por trato directo que benefician a los hijos del ex general director Fernando Cordero, son parte de las irregularidades detectadas por CIPER en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC). La repartición maneja un presupuesto anual de $ 40 mil millones. La historia incluye pagos hechos por oficiales a ex funcionarias para garantizar su silencio.
Una antena gigante y un enorme portón verde metálico es lo único que distingue a la sede del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC), ubicada en calle Retiro 1.560, en la comuna de Independencia. Bajo esa apariencia modesta, los oficiales que allí laboran administran compras por más de $40 mil millones, la cifra que el año 2011 se gastó en esa área y que representa el 22% del presupuesto para gastos operativos de la institución, que asciende a $184.568.989.000 (el presupuesto total de Carabineros en 2011 fue de $710.327.646.000)(1).
CIPER llegó allí investigando los criterios que determinaron que alrededor del 70% del presupuesto gestionado por el TIC fuera gastado en millonarios contratos con unos pocos proveedores: Mellafe y Salas, Entel, Elsag-Datamat S.P.A. e Interexport (representante de Motorola en Chile). A poco andar, descubrimos una historia en la que fueron apareciendo los hijos del ex director de Carabineros, general (r) Fernando Cordero Rusque, además de varios oficiales implicados en episodios en los que se mezclan denuncias, intrigas y un oscuro tráfico de influencias que envuelve contratos por millones de dólares.
La investigación arrojó que uno de los principales proveedores de tecnología y otros menesteres de Carabineros, es la empresa Mellafe y Salas. Sólo por el sistema de compras públicas denominado “Convenio Marco” esa firma facturó entre enero e inicios de diciembre de 2011 por un total de $ 2.673.382.177 en productos vendidos a Carabineros.
El sistema de compras por “Convenio Marco” con Mellafe y Salas incluye el abastecimiento de todo tipo de productos para Carabineros, tales como toner para impresoras, generadores de electricidad, estufas y hasta soportes para pantallas LCD (vea algunas de estas órdenes de compra).
El valor de mercado de estos y otros artículos fueron pesquisados por CIPER con varios de los grandes proveedores nacionales del propio TIC, constatando notorias diferencias de precios que benefician a Mellafe y Salas.
Acto seguido, se procedió a conversar con oficiales que se desempeñan en el TIC, contactando además a ex funcionarios civiles de ese mismo departamento. Fueron estas fuentes las que confirmaron a CIPER los nombres de los proveedores que poseen nexos privilegiados con el TIC y cuya ventaja es conocida por quienes participan en las licitaciones de Carabineros.
Entre estos proveedores privilegiados figuran Francisco y Fernando Cordero Sepúlveda, hijos del general (r)Fernando Cordero Rusque, quien fueraen 1991 director del Departamento de Tecnología y Comunicaciones (TIC) y luego director de Logística de la institución, para posteriormente asumir como director general de la policía uniformada entre 1995 y 1997, y más tarde como senador designado desde 1998 a 2006.
Los hermanos Cordero Sepúlveda son dueños de Sectrade Limitada, dedicada a la representación de productos para criminalística forense, biometría y seguridad. Esta empresa, según señaló Francisco Cordero a CIPER, esta subcontratada por la firma italiana Elsag Datamat S.P.A., que tiene contratos millonarios para abastecer de equipos de identificación biométrica a Carabineros. Sectrade se encarga de las pruebas, demostraciones, servicio técnico y mantenimiento de esos productos.
Otro nombre que se repite en los contratos del TIC es el de Héctor Alegría Melo, condenado por la justicia naval en 1992 a tres años y un día por el delito de “falsedad administrativa militar con perjuicio para el Estado”. (Ver historial judicial de Héctor Alegría Melo).
Lo extraño es que este marino (r) suscribió contratos en forma directa con Carabineros en 2010 a través de su empresa Servicios y Asesorías Héctor Hernán Alegría Melo E.I.R.L. (cuyo nombre de fantasía es AIRH SOFTWARE E.I.R.L.), a pesar de esta condena y de figurar en Dicom con más de 67 documentos impagos por un monto de $52,9 millones y una querella en trámite -interpuesta por la Isapre Banmédica- por el delito de “giro doloso de cheques”.
Héctor Alegría Melo y Fernando Cordero Sepúlveda, uno de los hijos del general Fernando Cordero, también tienen nexos entre sí. En 2005 figuran ambos dejando en prenda un vehículo Volkswagen Bora 2.0 a favor de Forum Servicios Financieros. Francisco Cordero señaló a CIPER que efectivamente conocen a Alegría Melo, pero asegura que no tienen vínculos comerciales. No obstante, reconoce que en 2004 ambos hermanos junto a Alegría Melo se asociaron para producir un programa de TV -llamado “Casilla 412”-, que cruzaba datos de demanda de empleo con ofertas de trabajo, el que trataron de vender a Chilevisión.
-Al final el proyecto no prosperó y nos gastamos todos los ahorros que teníamos por nuestros otros trabajos -dice Francisco Cordero, quien es tajante al asegurar que no fueron ellos los que presentaron a Alegría en el TIC: “No tengo ni idea como llegó él a Carabineros”.
SE ENCIENDE LA ALERTA
El lunes 5 de diciembre CIPER se contactó con la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, solicitando una entrevista con el general Eduardo Muñoz Poblete, en ese momento director de Logística. La respuesta fue que se encontraban muy ocupados y que la entrevista sería aplazada para la semana siguiente.
El 9 de diciembre se supo que el general Muñoz Poblete se iba a retiro. El alto oficial estaba bajo la mira de la Contraloría por el juicio de cuentas Nº 40.263 de 2011(2).
También abandonó la institución, el general Aquiles Blu, quien fue sindicado por el ex general director Eduardo Gordon como el responsable del cambio del parte por el accidente de su hijo, lo que nunca se documentó. El episodio, denunciado por CIPER, le costó su cargo a Gordon y luego al general Blu.
Un dato que interesa para esta investigación: el general Blu firmó el contrato de Carabineros con Elsag Datamat suscrito en 2009.
Solo dos días antes de que se anunciara su retiro, el 7 de diciembre, el general Muñoz Poblete aparece firmando un contrato por $1.969.926.000 por concepto de arriendo de equipos con Elsag Datamat S.P.A., empresa cuyos representantes ante el TIC son los dos hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero Rusque.
Todos los oficiales del TIC consultados por CIPER admitieron que los gestores de Elsag Datamat S.P.A. son los hermanos Cordero Sepúlveda. En el primer contrato firmado por la empresa italiana con Carabineros, en 2007, por US$ 2,4 millones, Francisco Cordero aparece como coordinador ejecutivo del contrato y representante ante Carabineros.
En los posteriores tres contratos sucritos por Elsag Datamat con la policía uniformada -uno por más de $ 5 mil millones, otro por $ 908 millones y el tercero por $ 1.969 millones-, los nombres de los hermanos Cordero ya no aparecen, pero los oficiales del TIC dijeron a CIPER que ellos siguieron gestionándolos. Y aunque el representante legal de la firma italiana, el abogado Cristóbal Porzio Honorato, señaló que los hermanos Cordero “no están contratados por la empresa”, fue el propio Francisco Cordero el que reconoció a CIPER que ellos están subcontratados por Elsag Datamat para gestionar el servicio técnico y mantención de los productos.
CIPER se contactó en varias ocasiones con el Departamento de Comunicaciones de Carabineros para insistir en la entrevista con el general Muñoz. La respuesta siempre fue la misma: “Estamos gestionando la entrevista para ver cuando podemos concretarla, tal vez la próxima semana”. En una de esas llamadas, nos pidieron saber sobre qué asunto trataría la entrevista. Les dijimos que era por una investigación de sobreprecios que se pagaban en el TIC. La entrevista nunca se concedió.
TRASLADOS SORPRESIVOS
Faltan pocos minutos para las 20:00 del jueves 12 de enero. Estamos frente al cuartel del TIC en la calle Retiro y aún quedan varios funcionarios cumpliendo sus labores en el interior, a pesar de que el horario de salida es a las 18:30.
El pequeño grupo sabe que su nuevo jefe, el coronel Juan Antonio Muñoz Cortés, también se ha quedado hasta tarde en su oficina de la sede central del TIC, en calle Amunátegui 519. Nadie se queja por el sobretiempo. Tanto el coronel Muñoz como sus subordinados comprenden que la situación es crítica. Una investigación interna de Carabineros ha puesto bajo la lupa todos sus procedimientos de compras.
La dotación del TIC se enteró de golpe. Al mismo tiempo que efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) comenzaron a visitar a funcionarios de la repartición, sorpresivamente una mañana supieron que su jefe, el coronel Iván Cortés Hernández, fue trasladado a la Comisaría de la Prefectura Norte. Uno de los hombres de confianza de Cortés en el TIC, el mayor Raúl Urrea, también debió abandonar su oficina en calle Retiro: fue trasladado a otra dependencia del mismo TIC, en Amunategui.
Consultada la Dirección de Comunicaciones de la institución por el traslado de dos oficiales del TIC, la respuesta fue: “Son los cambios normales que se hacen todos los años entre octubre y diciembre”.
No fue ésa la respuesta que CIPER encontró entre los funcionarios del TIC. Lo que por años fue un comentario de pasillo, ya estaba en cada dependencia del TIC traspasando los grandes portones verdes de metal y llegando a otras reparticiones de Carabineros. Desde distintas unidades, y también de proveedores, comenzaron a aparecer nuevos datos de irregularidades.
-Como siempre el hilo se cortará por lo más débil, y al final, los únicos que van a pagar el pato serán los carabineros de a pie. Aquí van a rodar las cabezas del capitán Carlos Bustos y del teniente Rodrigo Carrasco. El general Muñoz ya se fue a retiro, a los otros dos los trasladaron y a Bustos y a Carrasco les van a decir: “Ustedes son los culpables, uno como encargado de compras y el otro como administrador de contratos”. Y mi general y mi coronel saldrán limpios de polvo y paja -fue el comentario de unos de los oficiales del TIC a CIPER.
LOS TRATOS DE LOS CORDERO
Los nombres del capitán Bustos y del teniente Carrasco ya habían asomado en el transcurso de esta investigación. El primero ha sido el encargado de compras del TIC por más de cuatro años, siendo señalado por varios proveedores y personal interno como un hombre vinculado a las compras en favor de ciertas empresas y de entera confianza del Coronel Iván Cortés Hernández.
Un oficial que ha trabajado en el TIC y cercano al capitán Bustos reconoció que éste irregularmente dio luz verde al pago de órdenes de compra, a pesar de que los productos aún no habían sido recibidos, pero que lo hizo siguiendo órdenes superiores. “Eso se hacía sólo con algunas empresas proveedoras”, dijo el oficial. Bustos fue interrogado por la Dipolcar y luego trasladado a una comisaría del sector sur de Santiago.
El teniente Rodrigo Carrasco es el administrador del último contrato con Elsag Datamat que dejó firmado el general Muñoz Poblete antes de su retiro. Carrasco ha sido el interlocutor de los hermanos Cordero Sepúlveda para el arriendo a la firma italiana de 310 equipos de consulta biométrica portátil PSS-IIB, por $1.969 millones.
El contrato original de la compra del sistema biométrico PSS (“Patrol Support System”), por más de $5 mil millones, data de septiembre de 2008. Sólo un mes después que la empresa Elsag Datamat se instalara en Chile. El contrato estipula también la adquisición de los hardware,software y know-how que lo acompañan. A ello se agregan “mil dispositivos portátiles con sus accesorios, los computadores centrales necesarios a la gestión de los mil aparatos periféricos (GPRS Comunication Server y PSS Integration Server); un máximo de 50 computadoras personales y accesorios para la captura y/o almacenamiento de los datos procedentes de los PSS al final de las actividades de patrulla diaria y puesta al día de los archivos internos”.
Casi un año más tarde, en julio de 2009, fue el general Aquiles Blu quien firmó un complemento por el arriendo de 200 nuevos dispositivos PSS, por un monto de $ 908.820.000.
En septiembre de 2011, por resolución exenta Nº 1066 de la Dirección de Logística, se autorizó una nueva ampliación del contrato por otros 310 equipos, pero esta vez “en trato directo”, sin licitación. El monto: $1.969.926.000. Francisco Cordero Sepúlveda explicó a CIPER que el trato fue directo porque sólo Elsag Datamat tenía ese sistema y no había otros oferentes.
TRAMPAS A CHILE COMPRAS
En 2011, el coronel Iván Cortés envió al capitán Bustos un total de 801 órdenes de compra, por un valor de US$ 4.506.894, sólo por “Convenio Marco”, para que se autorizara su pago. Fue un buen año para los proveedores. Aún así, los reclamos de oferentes aumentaron en el portal de Chile Compras, hasta llegar a la propia Dirección General de Carabineros.
CIPER se contactó con varios proveedores para conocer el origen de sus quejas. Juan Pablo Canessa, jefe de ventas de Lechner y Compañía Limitada, empresa que se dedica a la venta de insumos computacionales y que lleva varios años como proveedor de la institución, dice que ya no pierde tiempo en las licitaciones de las “grandes compras” de Carabineros:
-El negocio está cocinado, así que dejamos de ofertar. Hay una empresa que se gana todas las grandes compras. Esto es muy dañino para el funcionamiento del portal y sobre todo para Carabineros -señaló Canessa a CIPER, uno de los pocos proveedores que dio su testimonio sin pedir reserva de su identidad.
Si bien Canessa no oculta su temor de que le corten el acceso a seguir vendiéndole a la institución, afirma que decidió hablar porque “esto no se puede callar, ya que todos los años tenemos que volver a licitar para estar dentro del Convenio Marco”.
Lo mismo dijo a CIPER el jefe de ventas de otra empresa que en 2011 hizo ventas por mas de $90 millones a Carabineros, quien no cree que “una denuncia pública sirva para mejorar la transparencia”. Y argumentó: “Mientras el sistema siga funcionando, aunque sea irregularmente, como ya conozco las mañas, siempre podré encontrar cómo seguir obteniendo beneficios”.
-Todos los que estamos en el rubro sabemos a qué licitación podemos presentarnos y a cuál no, porque es una pérdida de tiempo y recursos y la cosa está vendida antes de aparecer en el portal -afirma otro proveedor.
“A partir de 2009, para sobrevivir en esto, yo llegué a frecuentar el departamento TIC prácticamente todos los días de la semana, durante meses, para ir conociendo al personal e ir haciendo amistades. Así funciona. En ese contacto diario te vas enterando de las grandes licitaciones que vienen o qué están necesitando en tal unidad… Uno tiene que estar atento para saber cuándo y cómo ofrecer”, cuenta un proveedor.
A medida que se recorren los proveedores, se repiten los ejemplos y episodios oscuros. Como el que narra M.B.: “Hace sólo unos días la empresa Mellafe y Salas empezó a distribuir en arriendo unas impresoras para Carabineros que le significarán varios millones. Nosotros también postulamos… Hasta que me di cuenta de que el tema estaba vendido antes de salir al portal”.
La historia fue inicialmente contada a CIPER por otro de los proveedores interesados en esa importante licitación:
-Una licitación que presentó Carabineros para el arriendo de 5 mil impresoras HP modelo 2055 DN, por 36 meses, la ganó Mellafe y Salas. Pero estaba claramente dirigida. Yo me enteré de esta licitación un año antes. En el lenguaje de ventas les llamamos “propuestas trabajadas”. Son licitaciones que requieren mucho capital y pocos tienen espaldas para eso. Y aún así, si se presentan varios oferentes, se ponen requisitos que excluyen a otras empresas, como tener certificación ISO u otorgar más puntaje si tienes empleados discapacitados.
El mismo proveedor agrega: “Apenas supe de la licitación de las impresoras me puse a evaluar la propuesta. Sólo en ‘fierro’ (las máquinas) necesitas US$ 1.750.000, si le sumamos un toner por máquina, son 36 toner, que al precio de costo sale US$ 136. En realidad se gana por los insumos, porque si calculamos un toner al mes por máquina, por los 36 meses, es una venta de más de US$ 24.000.000, sólo en toner. ¿Quién se arriesga a hacer todo ese trabajo de preparación de la licitación si después te salen con un resquicio preparado y te dejan fuera?”.
LOS DESCARGOS DE MELLAFE Y SALAS
Según el nuevo jefe del TIC, coronel Juan Antonio Muñoz, las 5 mil impresoras arrendadas a Mellafe y Salas comenzaron a ser entregadas el 17 de enero de 2012. Este fue el último contrato que firmó el general Muñoz Poblete con esa empresa, de los más de cien que obtuvo el año pasado por “Convenio Marco”, por un total que supera los $2.600 millones (vea las órdenes de compra que favorecieron a Mellafe y Salas desde enero hasta inicios de diciembre de 2011). Si se suma el arriendo de las 5 mil impresoras, trato que se cerró a fines de 2011, el total facturado a Mellafe y Salas el año pasado supera los $2.850 millones.
El socio y presidente de Mellafe y Salas, Daniel Platovsky, recibió a CIPER.
-Tengo la tranquilidad de que todas las compras que nos hace Carabineros son por medio del portal Chile Compras, por lo tanto no pueden estar mal, ya que nos sujetamos a las normas del portal. No tenemos ningún contrato directo con Carabineros -dijo Platovsky.
Mellafe y Salas le vendió a Carabineros varios generadores eléctricos con un precio notablemente superior al de mercado. Platovsky explicó a CIPER que esto se debe a que la licitación de los equipos incluía su envío a 295 unidades policiales de todo el país y una caseta metálica o de fibra para su instalación. Para corroborarlo, el empresario envió a CIPER copia de la orden de compra 5240-121-CM 11 por 295 generadores marca Kipor. Por cada equipo, la empresa cobró $2,3 millones. El precio de venta al público del mismo generador en Sodimac.com es de $1.020.000. En la distribuidora Salcom, el precio es de $1.392.000. Esto implica que por el despacho más la caseta, Mellafe y Salas cobró más de un millón de pesos por cada generador.
Cuando esta investigación ya estaba en curso, el 26 de diciembre de 2011, Carabineros adquirió, a través de la orden de compra 4928-758-CM 11, el mismo modelo de generador Kipor a otro proveedor: Frindt y Cía. Ltda. El precio de venta fue de $ 1.029.000, puesto en Valdivia, aunque sin caseta. Dicho de otro modo, Frindt cobró $ 1.300.000 pesos menos y la única diferencia con Mellafe y Salas fue la caseta. Esto significa que en la oferta de Mellafe y Salas resultó más cara la caseta que el generador licitado.
CIPER llamó a algunas de las unidades policiales del extremo norte en las que Mellafe y Salas debía entregar el generador Kipor y la caseta, de acuerdo con las especificaciones de la orden de compra enviada por Platovsky. En la tenencia de Pica indicaron que el traslado del equipo lo hizo Carabineros y la construcción de la caseta fue hecha por efectivos de la misma unidad policial. En la tenencia de carretera de Iquique, informaron lo mismo. En el retén de Camiña, señalaron que la entrega del generador la hicieron efectivos de Iquique y que la caseta la construyeron ellos con madera y techo de zinc. Respuestas similares dieron en unidades de Mamiña, Sierra Gorda y Ujina (Pozo Almonte).
Según la orden de compra 4928-448-CM 11, Mellafe y Salas vendió a Carabineros un generador FG Wilson P33 por $ 19,8 millones, lo que incluía transporte e instalación en la subcomisaría de Colchane. El precio de venta del generador en la empresa Diperk es de $ 6,2 millones. Siguiendo la lógica de Platovsky, Mellafe y Salas cobró $ 13,6 millones por el envío e instalación. En la unidad de Colchane informaron a CIPER que el generador está instalado pero no se puede usar, porque debe modernizarse toda la instalación eléctrica del cuartel, y siguen utilizando un equipo viejo que les presta la gobernación.
Un oficial de la sección de infraestructura del TIC dijo a CIPER que hay varios generadores como el de Colchane que se pagaron con evidente sobreprecio y que no se pueden usar, porque las instalaciones eléctricas de las unidades eran muy viejas.
La orden de compra 4928-484-CM 11 indica que Mellafe y Salas le vendió al TIC dos generadores FG Wilson P22 en $ 30,8 millones (cada uno en $15,4 millones). La empresa Diperk ofrece el mismo equipo en $8,8 millones por unidad. Si la diferencia se explica por el costo del traslado e instalación, sería curioso, ya que uno de los generadores debía ser entregado en el cuartel de la calle San Isidro 330, Santiago Centro. El segundo fue entregado en el retén Río Loa, al norte de Tocopilla. La orden de compra indica que el plazo para entregar el equipo vencía el 27 de octubre, pero en el retén Río Loa el suboficial Guillermo Neira informó que el generador llegó recién el 15 de noviembre y que la caseta la instalaron el 5 de diciembre. Neira agregó que el equipo aún no se puede usar, porque los técnicos de la empresa se comprometieron a volver para capacitar a los policías y aún no regresan.
2008: EL AÑO DE INICIO
Según proveedores que llevan varios años suministrando productos para el TIC, los problemas “comenzaron a mediados del 2008”. Una fecha que coincide con el cambio de mando en la Dirección de Logística de Carabineros.
-Hace cuatro años que las cosas cambiaron. Mellafe y Salas está compitiendo de una manera muy desleal y eso te lo puede decir cualquier proveedor. Otros que tienen mucha ventaja son los hermanos Cordero, son hijos de un ex director general y juegan con ventaja. A mí, el propio capitán Bustos me comentó que la mayoría de las veces que se destinaba cierto monto para un nuevo proyecto de innovación tecnológica, ellos aparecían justamente presentando un proyecto por el mismo monto. ¡Hasta los céntimos son los mismos! Contra esa fuente de información que ellos manejan, no hay nada que hacer -cuenta el socio de una importante firma proveedora.
Francisco Cordero dijo a CIPER que los montos de las ofertas de Elsag Datamat coinciden con el presupuesto destinado por Carabineros para las compras, porque la institución previamente cotizaba con la misma empresa los costos de los productos que requería. Y agrega que ser hijos de un ex general director les ha significado más escollos que ventajas para hacer negocios con Carabineros
-Por ser hijo de quien fue hace 15 años general director, los negocios con Carabineros para nosotros son mas complicados, ya que nos exigen más que a cualquier persona y nos miran todo con lupa.
Carlos Alberto Palma Rivera, socio de la empresa Alca Computación Limitada, sí sabe de escollos. Él relata porque Carabineros dejó de invitar a su firma a las licitaciones de “grandes compras” del Convenio Marco:
Palma señala que luego de ganar una licitación de insumos para impresoras de 200 comisarías, empezaron a distribuir el toner. Para su sorpresa, desde algunas les devolvieron el producto. Al llamarlos, la respuesta fue: “No nos sirve, porque nuestras impresoras son otras”. Palma decidió solucionar el problema cambiando el producto por el que correspondía a las impresoras. Y como eso le tomaba un tiempo adicional, habló con el jefe del TIC, coronel Iván Cortes:
-Le expliqué que me habían comprado un toner que no era compatible con las impresoras que tenían. Ya me habían pagado, pude haberme desentendido, pero conseguí lo que necesitaban. El coronel Cortés me dijo que el problema era mío y que si no entregaba en los plazos establecidos, nos aplicaría una multa. Y lo hizo. Apelamos y demostramos que la falta era del TIC. Nunca más nos comunicaron las licitaciones de grandes compras.
Si los proveedores indican que todo comenzó en 2008, hay unanimidad también en señalar que la opacidad creció sin control en 2009.
PAGOS QUE ACUSAN
Precisamente a fines de 2009, la jefatura del TIC decidió no renovar el contrato a dos funcionarias de la sección Gestión Económica. Malas calificaciones en su desempeño fue la explicación. Una semana antes habían sido felicitadas por la jefatura.
Varios oficiales del TIC refirieron a CIPER que ambas funcionarias fueron despedidas por otras razones: habían visto y acumulado información sobre cómo se operaba internamente frente a determinados proveedores. Episodios que comprometían a oficiales de los cuales eran subordinadas.
-En noviembre de 2009 les avisaron que no les iban a renovar contrato y en diciembre las echaron… Ellas tenían mucha información y, al parecer, la supieron aprovechar. Porque de inmediato se volvieron a juntar con su jefe directo, el capitán Bustos, y éste, por orden del coronel Iván Cortés, les dijo que les iban a conseguir otro trabajo, y que por mientras les pasarían $250.000 al mes a cada una para ayudarlas -relató a CIPER un oficial del TIC.
CIPER se contactó con las dos funcionarias. Tienen miedo y pidieron la reserva de sus nombres. Una de ellas accedió a hablar. Dice que conocen las trampas que se hacían al sistema de compra por Convenio Marco. Por ejemplo, a veces llegaban productos antes de que se emitiera la orden de compra. Situaciones como esa debían informarlas al suboficial Carlos Novoa Jaramillo o al sargento Patricio Bascur, los que a su vez debían reportar al capitán Carlos Bustos, su jefe directo.
El protocolo indicaba que en esa unidad debían recibirse todos los productos comprados y recién ahí se daba el visto bueno para el pago, pero el sistema cambió: “Ya no llegó más todo a nuestra vista y, sin embargo, el visto bueno de la entrega se seguía dando desde nuestro departamento. ¿Cómo podíamos estar seguros de que efectivamente habían llegado los insumos?”, dice la ex funcionaria.
Lo que preocupaba a los empleados de esta sección se comprobó muy luego, con ocasión de la entrega de unos plasmas, los que serían utilizados para el control de los GPS. Nunca llegaron. Hubo una pequeña investigación interna, pero nunca se supo dónde se perdieron aproximadamente 40 plasmas.
La funcionaria despedida dijo a CIPER:
-Poco antes de que nos fuéramos, nos reunió el capitán Bustos. Nos dijo que había escuchado que íbamos a dejar la embarrada y a contar todo lo que sabíamos. Al parecer, eso se lo dijo un proveedor. Y nos dijo que él había hablado con el coronel Cortés y que éste nos mandaba a decir que había intentado dejarnos en el departamento, pero que no había sido posible, que nos estaban buscando otro trabajo y que por mientras nos pasarían $250 mil a cada una. Incluso se fijó la fecha de la entrega de ese dinero: el 21 de cada mes.
La misma ex funcionaria explicó cómo funcionó durante meses la entrega del dinero a cambio de silencio:
-Empezaron a pasarnos el dinero, algunas veces era en efectivo. Esas veces lo íbamos a buscar al TIC, pero casi siempre fue por transferencia bancaria de la cuenta del capitán Bustos o a veces de otra cuenta. No sabría decir de quién era.
Los pagos siguieron hasta que, a mediados de 2010, la misma ex funcionaria dice que las llamó el capitán Bustos para anunciarles que les había conseguido un trabajo en Mellafe y Salas y que debían presentarse las dos con su currículum en las oficinas de esa empresa en calle Carlos Valdovinos:
-Allí nos atendió una señorita que nos explicó que el trabajo se trataba de sacar fotocopias en una universidad o un instituto, y que el sueldo eran $180 mil al mes. Nos pareció ridícula la propuesta. En el TIC ganábamos casi $600 mil y eso era menos de lo que nos estaban pasando mientras nos buscaban trabajo -dice la ex funcionaria.
Daniel Platovsky asegura que nunca supo de esa oferta de trabajo en su empresa: “Como política no hacemos favores. No tenía idea que esto fue así”.
Lo que ocurrió después de que las dos mujeres rechazaron el empleo también fue relatado a CIPER por la ex funcionaria del TIC:
-Hablamos con el capitán Bustos y éste nos amenazó diciendo que el coronel Cortés le había dicho que su mujer, que es abogada, nos iba a poner una demanda por extorsión. Y que era mejor que nos quedáramos con el trabajo de Mellafe y Salas. Que ellos estaban viendo otra posibilidad con Motorola, pero que aún no les respondían. Y que ya no nos pasarían ni un peso más.
La ex funcionaria alega que ellas nunca extorsionaron a nadie, que fueron el capitán y el coronel los que decidieron pasarles dinero mientras les buscaban trabajo: “De hecho, nos siguieron dando dinero hasta diciembre pasado”.
Los pagos a las dos ex funcionarias del TIC -de los que CIPER obtuvo confirmación- se prolongaron por dos años y efectivamente el último se concretó a mediados de diciembre del 2011. Pocos días después, el coronel Cortés y el capitán Bustos fueron trasladados del TIC.
EL CONTRATO EXPRESS
El miércoles 29 de diciembre de 2010 llegó a manos del capitán Bustos un contrato con orden de ser pagado a la brevedad. Un funcionario que fue testigo de la entrega relató a CIPER que le pareció raro que el documento ya viniera con todas las firmas y listo para ser pagado. Por eso lo recuerda bien.
Era un contrato directo entre Carabineros y la empresaServicios y Asesorías Héctor Hernán Alegría Melo E.I.R.L. La orden de pago inmediato fue monitoreada telefónicamente por el general Gerardo González Theodor, quien acaba de ser ascendido y designado director de Personal de Carabineros.
El mismo funcionario cuenta que a Bustos le bastó una mirada a la primera página del contrato para exclamar: “Es un contrato express, se planeó el 24 de diciembre, se aprobó el 28 y hoy ya está aquí para ser pagado. ¡Así da gusto tener amigos!”.
El 11 de agosto del 2011, Hernán Alegría Melo volvería a ser beneficiado con un nuevo contrato de unup grade de software para su empresa. Los $48 millones involucrados en esta nueva transacción fueron objeto de una atención especial por parte de González Theodor, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de Planificación y Desarrollo de la institución. (Ver contratos).
No era ni la primera ni la última vez que el general González Theodor aplicaría el mismo tratamiento para los contratos de su interés. Así lo relataron varios testigos del TIC a CIPER:
-Eso sí, mi general González lo hacía todo por teléfono. No dejaba nada por escrito. Lo curioso es que el famoso “software up grade bodega digital” que nos vendió Alegría Melo, aún sigue sin funcionar -dice un oficial.
La millonaria deuda de Carabineros con Entel
Además de las irregularidades en las compras que están siendo investigadas por Dipolcar, el TIC enfrenta otro nubarrón. Se trata de deudas que reclama ENTEL por servicios derivados de un contrato que firmó con Carabineros el 7 de febrero de 2007. El documento, según se detalla en su anexo 1, tuvo por objeto “instalar un sistema de telecomunicaciones y telefonía con cobertura nacional”.
Carabineros, dentro del contrato, fue solicitando servicios adicionales de enlaces a unidades policiales, los que según Entel originaron una deuda millonaria entre 2007 y 2011. De acuerdo a información proporcionada por oficiales de Carabineros a CIPER, los montos impagos se acumularon producto del mal manejo del contrato por parte de la Sección de Comunicaciones del TIC.
Las mismas fuentes indican que en estos momentos se desarrolla una investigación interna para establecer si el monto que reclama Entel es correcto y determinar las responsabilidades.
El contrato fue gestionado inicialmente por el mayor Raúl Urrea López en 2007. Urrea después fue destinado a otras funciones dentro del TIC, pero este año volvió a hacerse cargo del vínculo con Entel con la misión urgente de resolver el tema de la deuda.
En una carta fechada el 26 de noviembre de 2010, Entel informó a Carabineros que producto de la solicitud de servicios y equipamientos adicionales al contrato original, la institución le adeuda $ 389.390.410.
Una segunda carta, enviada por Entel el 16 de diciembre de 2011, señala que Carabineros le debe $ 577.430.552 por “enlaces adicionales” y otros $ 420.045.078 por “otras rentas de enlaces”.
Notas:
1.-Presupuesto de Carabineros 2011: $ 710.327.646.000. El 74 % se destina a gastos de personal: $525.758.657.000. El 26 % restante -$184.568.989.000- se destina a gastos operativos. De esa cantidad, el 22 % de los insumos son gestionados por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC). (Fuente: Dipres)
2.-El Juicio de Cuentas de la Contraloría en contra del entonces director de Logística, general Eduardo Muñoz Poblete, se inició a partir de la rebaja de más de $3 millones en la multa con que se castigó a un proveedor que demoró en la entrega de botas para los carabineros. El contrato tenía un valor de $36 millones. El segundo cuestionamiento lo originó la compra de 60 LCD de 42 pulgadas, avaluados en $ 51 millones, correspondiente al denominado Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, adquiridos a Mellafe y Salas. La razón: habrían sido “usados en fines distintos al propósito para el cual fueron adquiridos”. (The Clinic 10 de noviembre 2011).
