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FILAPI INFORMA

Elementos Generales

La Federación Ibero Latinoamericana de Apicultura FILAPI, mantiene una permanente atención a los distintos eventos y actividades derivadas de las restricciones comerciales que se han generado y que ya afectan económicamente de forma grave a miles de productores, a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TSJUE) sobre la presencia de polen OGM en la miel.

Nuestra Federación acoge a representantes de organizaciones nacionales de 10 países de Ibero Latinoamérica, países que en su conjunto constituyen el bloque comercial de miel más importante en las transacciones internacionales.

La apicultura en nuestros países es una actividad esencialmente rural que descansa mayoritariamente en pequeños y medianos productores, reúne a miles de familias cuyos ingresos provienen de este rubro, a partir de lo cual dinamizan economías locales en el ámbito de los insumos y servicios asociados al desarrollo de la actividad, y desde su propio consumo familiar de bienes y servicios generando también fuentes de trabajo asalariado principalmente para jóvenes que se mantienen en el ámbito rural y llevando adelante importantes aportes en la capacitación.

Como apicultores nos apegamos a protocolos productivos y sistema de trazabilidad validados por las instituciones de regulación de nuestros estados, los ministerios respectivos firman certificados zoosanitarios para la exportación de miel que son reconocidos por las contrapartes internacionales, estas prácticas complementan nuestro compromiso ético de producir alimentos sanos y seguros.

La apicultura se caracteriza por ser una actividad productiva rural que utiliza los recursos vegetales sin dañarlos, haciendo un aporte invalorable a la biodiversidad, ya que a través del trabajo de las abejas productoras de miel (Apis mellifera) entrega servicios a la población humana en forma de alimentos tales como miel, polen, jalea real y en forma de compuestos químicos presentes en el propóleos y la apitoxina, sin considerar los beneficios derivados de la polinización cruzada.

En el sentido anterior la apicultura es mucho más que miel, las abejas son monitoras del medio ambiente y reserva estratégica de vida, mantener esta actividad requiere de la producción y venta de miel para que los apicultores sostengan el negocio; abandonar el rubro pone en riesgo la polinización y gran parte de la producción alimentaria.

Hoy estamos en medio de un debate que involucra los intereses económicos de las empresas transnacionales de las semillas transgénicas y ecologistas que velan por proteger la biodiversidad y el medio ambiente, lo cual incide en la actitud de los consumidores que buscan acceder a productos sanos y saludables. Nos han dejado atrapados con una normativa que debe revisarse en aspectos básicos científicos y legales ya que afecta en forma grave e injusta a este sector productivo rural.

Los OGM en la Miel

Coincidimos con las declaraciones de varias organizaciones y entidades privadas Europeas en cuanto a algunas inconsistencias técnicas de la sentencia de TSJUE, así como la demora por parte de la UE en encontrar una modalidad clara de implementar la aplicación de la medida adoptada a fin de saber a qué atenernos en los encadenamientos comerciales.

La realidad agroproductiva de los países miembros de FILAPI es variada, en algunos países existe una tendencia a incrementar los cultivos transgénicos para satisfacer especialmente la demanda de los países del norte y otros altos consumidores; los gobiernos nacionales en general si bien controlan no cuestionan este tipo de cultivos; la disposición de la UE de etiquetar la miel que contenga polen transgénico nos enfrenta a una disyuntiva técnica relacionada con la analítica y una comercial relacionada con la resistencia del consumidor europeo a adquirir este tipo de producto lo cual deriva en un encarecimiento de costos y perdidas de mercados.

Resaltando el hecho de que la normativa en este caso excluye los límites de tolerancia establecidos para otros alimentos debido a la interpretación que considera el polen un ingrediente y no un componente entre otras.

Los apicultores estamos indefensos y perjudicados por las acciones de otros actores con gran poder económico e influencia política, quienes nos conducen a asumir costos inalcanzables para los micro y pequeños empresarios a fin de demostrar que nuestra miel cumple normas europeas sobre la presencia de OGM, enfrentando un grave problema del cual somos ajenos en su origen y difusión.

Claramente los apicultores no somos responsables que aparezca polen OGM en la miel. Como organización nos preocupa el gran impacto negativo que esta medida provoca en los ingresos de miles de familias no sólo de América Latina a quienes representamos, sino que de los distintos países productores de miel, quedando en la indefensión en sus comunidades locales. En específico, los apicultores nos oponemos a la siembra de transgénicos en tanto conlleva la aplicación de un paquete tecnológico que atenta contra la biodiversidad, genera dependencia y concentra la riqueza en pocas empresas de la industria alimentaria, la realidad nos ha sobrepasado, hoy debemos enfrentar y buscar salida con una visión sostenible y equitativa de mediano y largo plazo.

Convocamos a nuestros gobiernos a buscar en conjunto alternativas para resolver los aspectos técnicos, comerciales y políticos que se han derivado de esta sentencia de uno de los bloques comerciales más relevantes en el mercado de la miel.

Queremos dejar establecido que defenderemos nuestros intereses y derechos de ser actores de la industria alimentaria ofreciendo productos sanos y de calidad, notificamos a Europa la existencia de nuestra organización y la decisión de actuar en conjunto, buscando alianzas multinacionales públicas y privadas a fin de mejorar las condiciones productivas y comerciales de los apicultores.

Federación Ibero Latinoamericana de Apicultura FILAPI filapifg@gmail.com

Resumen Juicio Politico del “Caso Bombas”: 18 Diciembre -30 Diciembre 2011

El juicio continua contra l@s 5 acusad@s, actualmente se esta hablando de cada atentado por los cuales están acusados los compañeros.
Atentado a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Terminan de declarar tanto los policías, peritos y testigos de la explosión, incluyendo el barrendero que fue victima circunstancial del atentado quedando solo con daños catalogados como leves.

El artefacto explosivo estaba compuesto por un balón de gas de 2 kilos relleno con pólvora activado con un sistema de relojería que habría fallado y fue activado por la manipulación del barrendero.

El grupo “Fuerzas autonómicas y destructivas León Czolgoscz” se adjudico el atentado, ver aqui

El compañero Francisco Solar se encuentra acusado de participar en esta detonación por la declaración del delirante Gustavo fuentes aliaga (el grillo).

Atentado contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE).


El 21 de Diciembre del 2006 el CDE se encontraba custodiado por una garita y un policía que realizaba rondas permanentes alrededor del edificio cuando desconocidos instalan un artefacto explosivo en sus escaleras cerca de la medianoche. El artefacto estaba compuesto por un balón de gas de 2 kilos relleno con pólvora negra mas un sistema de relojería, un detonador eléctrico, batería y panfletos que se adjudicaban la acción.

Tras ser detectado el artefacto, llega el equipo especial antibombas del GOPE que en un largo y aparatoso operativo que incluyo un robot especial, desarmo el explosivo casero.

El atentado lo revindico el grupo “Tamayo Gavilán”, ver aqui

Por esta detonación se encuentran acusado el compañero Francisco Solar y grillo el delirante colaborador, ambos solo por la declaración de este ultimo.

La fiscalía presenta a distintos testigos que nuevamente en casi en su totalidad son policías detallando el procedimiento y las medidas de seguridad para desactivar e identificar el artefacto. Por otra parte se busca hablar del temor que provoca la sola colocación de la bomba casera, llegando algunos al disparate de decir que tenían miedo a que se derrumbara el edificio con la explosión.

De show y teatro en tribunales


Durante estos días se ha traído el artefacto desarmado, sus partes y elementos mostrándoselo a distintos policías para que lo reconozcan. En este momento la fiscalía pretende levantar un show sin precedentes buscando asustar a los jueces, solicitando traer la pólvora negra y el detonador eléctrico con un equipo especial del GOPE en la sala de audiencia por la supuesta peligrosidad de las evidencias.

Tras una discusión por parte de los jueces, se decide que la sola presencia del GOPE en la sala contamina la evidencia ya que de una u otra forma la llena de un contexto y no permite su sola exhibición. Los jueces rechazan la presencia del GOPE, entendiendo que estos elementos (pólvora y el detonador eléctrico) por si solos y separados no son necesariamente peligrosos.

Tras este nuevo revés de la fiscalía, un policía del GOPE traslada la evidencia hasta la sala en el lugar destinado a publico, para de ahí pasársela a los fiscales que con un gran histrionismo y dotes teatrales tratan de mostrar y actuar la peligrosidad de los elementos. La defensa no se deja intimidar en ningún momento y manipula sin problema alguno la pólvora tocándola y oliéndola, entendiendo que esta si no esta comprimida solo combustiona y no explosa, demostrando una vez mas que el objetivo de la fiscalía es generar un contexto de miedo, temor y peligrosidad…una vez mas el único terrorista es el Estado.

Atentado a Automotora Atal.

El 27 de Marzo del 2007 en la madrugada se produce un atentado explosivo contra una tienda de autos de lujo, un contenedor metálico relleno con pólvora negra y activado mediante mecha lenta detona quebrando un par de vidrios y dañando un auto tras producirse un amago de incendio.

El atentado fue revindicado mediante panfletos con la firma de “Juventud 29 de marzo J-29”.

Vuelven a desfilar distintos policías que realizaron el procedimiento y acudieron a la llamada, como también un trabajador del local. Ese mismo día y en horas similares otro atentado ocurrió en un banco BCI donde fue adjudicado con los mismos panfletos, la grosera falta de prolijidad quedo de manifiesto cuando la policía mezclo los distintos panfletos de distintos lugares embalándolos como una única evidencia, confundiéndolos y cambiándolos de lugar.

El grillo, delirante colaborador, es vinculado con este atentado y también fue vinculada Candelaria (actualmente sobreseída por dicho delito).

Nadie vio ni sabe nada y Amenaza de bomba

De todos los atentados que han sido expuestos en tribunales, ningún testigo reconoce o vio a quienes colocaron los artefactos, cuando existían cámaras la policía dice que estas eran tan borrosas que hacían imposible cualquier identificación. Ningún policía siquiera dice tener sospechas de quien podría ser el autor.

Por otra parte durante la ultima sesión del juicio, el viernes 30 de Diciembre, se producen distintas amenazas de bombas en algunas instituciones entre esas el Centro de justicia, teniendo que suspender lo poco que quedaba de audiencia durante ese día.

Muy a diferencia de lo que los perseguidores buscan y han tratado de señalar durante este mes de juicio: las personas no salía corriendo, ni asustadas , ni con temor, ni en estado de pánico o shock.


¡Por la total absolución de l@s 5 procesad@s!

¡Fin a la ley antiterrorista!

¡Ante el juicio político, la mejor defensa es la solidaridad imparable!


Mas informacion:

*Ver situación de los acusados (Carlos Rivero, Felipe Guerra, Fransciso Solar, Monica Caballero, Omar Hermosilla)

*Resúmenes del juicio político:

*Ultimos días de Noviembre #1

*Del 5 al 16 de Diciembre #2


Las audiencias son todos los días de Lunes a Viernes de 9:00hrs a 14:00hrs, con asistencia obligatoria de l@s compañer@s acusad@s. en el Centro de (in)Justicia (Metro Rondizoni)

Las audiencias se están llevando en la sala 103 del Edificio C , en la llamada “sala emblemática”, las sesiones son abiertas y publicas por lo que puede asistir cualquier persona a excepción de los testigos que tengan que declarar. Para quienes deseen asistir tienen que llevar solo el carnet


COMUNICADO N°23
POR LA LUCHA DE LOS SIN CASA DE SANTIAGO CENTRO
A TODOS LOS SECTORES LABORIOSOS DEL PAÍS

Hoy nuevamente los poderosos contratacan. Y han mandado a decir a través de la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot que los pobladores sin casa de Santiago no podemos quedarnos a vivir acá. Nos acaban de informar que no nos quieren vender los inmuebles que recuperamos por autogestión en el centro de la capital. La misma clase política que fue derrotada con nuestro NO gigante en el plebiscito de Peñalolén hoy nos dice que prefiere licitarlos públicamente y no para nuestro proyecto de vivienda popular. En definitiva nuestro sitio recuperado en la ciudad está siendo arrebatado por el Estado para el lucro inmobiliario y construir enormes departamentos donde hacinan y mantienen en el endeudamiento hipotecario a millones de chilenos y chilenas.

Mientras este mismo ministerio acaba de informar que sus altas autoridades han vivido gratis en lujosas propiedades fiscales en comunas como La Reina y Las Condes, a nosotros los trabajadores y trabajadoras de barrios como Matadero - Franklin nos quieren sacar de las propiedades públicas que queremos adquirir pagando lo justo, para construir nuestras viviendas por autogestión. Ejemplo de esto es Casona La Protectora en Santa Rosa con Santa Isabel, proyecto para treinta familias mediante la postulación en Serviu.

Llevamos meses recuperando inmuebles por autogestión. Transformamos espacios desocupados y de mala vida, en espacio libre y de vida digna. Nosotros nos damos como comunidad lo que el Estado y el mercado nos quita: vivienda, trabajo, salud, educación. Pero en Santiago habitar sale caro, y más aún, este ministerio y su ministra se opone políticamente a nuestra tarea.

Con esto se abre la lucha por la vivienda y la ciudad en la comuna de Santiago centro, y contra la negativa de Bienes Nacionales de destinar estos inmuebles a la construcción de vivienda social.

EXIJIMOS A LA MINISTRA CATALINA PAROT LA VENTA DE LA CASONA PROTECTORA A LOS POBLADORES Y POBLADORAS

Video Ocupación IRA, Julio, 2011:http://www.youtube.com/watch?v=Ta_ihLvL1CM

Video conflicto IRA, Septiembre, 2011:http://www.youtube.com/watch?v=iDNPZjK0A_U

Video recuperación IRA, diciembre, 2011: http://www.youtube.com/watch?v=dJo2WbKydH0
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Henry Renna G.
Movimiento de Pobladores en Lucha


Violencia policial contra joven mapuche

Comunicaciones ANIDE
A una nueva situación de violencia policial se ha visto enfrentado hoy, martes 27 de diciembre, el joven Leonardo Quijón Pereira, de la comunidad de Chequenco, comuna de Ercilla, en la Región de la Araucanía. Según contó el afectado, alrededor de las 12.30 horas, cuando se dirigía a un local comercial de ese pueblo, tres carabineros que escoltaban camiones de una empresa forestal lo detuvieron y sometieron a un control que incluyó agresiones físicas y verbales, insultos por su condición de mapuche y amenazas de arresto por causas inexistentes. “Me empujaron dos carabineros y otro me apuntaba con una escopeta. Me dijeron que somos unos mapuches sucios, ignorantes y que a mí me iban a llevar preso de nuevo”, señaló el comunero.
Leonardo Quijón fue uno de los expositores en el reciente seminario Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile, realizado por Fundación Anide y la Red de ONGs de Infancia y Juventud Chile. En la ocasión relató que en 2009, cuando era menor de edad, fue baleado por carabineros, recibiendo más de 200 perdigones en una pierna que lo dejaron en condición de semiinválido, tras lo cual fue sometido a dos juicios bajo acusaciones que calificó como montajes de la Fiscalía. Detalló las presiones sufridas para que culpara a otros mapuche y los maltratos y torturas sufridos durante los meses que pasó recluido en el Centro de Internación Provisoria de Cholchol, tras lo cual resultó absuelto.









Durante la semana de Navidad se aprobó la Ley Gubernamental que criminaliza las manifestaciones sociales

En esta semana mientras las personas se dedicaban hacer sus compras navideñas, en la cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se aprobó por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención el proyecto de “RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO”, enviado por el gobierno con el fin único de reprimir las manifestaciones de cualquier índole, ya sean sociales o estudiantiles. Ésta es bien conocido dentro del gobierno como la Ley Antiprotesta o Ley Hinzzpeter.
Dicho proyecto será votado la primera semana de enero, y nuevamente dependerá de los votos de los diputados del PRI y los “independientes”, donde cabe señalar que dentro de esta comisión se componen cinco UDI, dos RN, dos DC, dos PPD y dos PS.
En el momento en que se aprobó dicho proyecto estuvo presente el ministro que esta en contra de toda manifestación el Ministro Hinzpeter, quien recordó algunos de los puntos centrales de la iniciativa, que comenzaría a ser votada en particular en la primera semana de enero.

Destacó la importancia el Gobierno le concede a la iniciativa e indicó que sus objetivos principales son sancionar efectivamente a quienes cometen delitos encapuchados; proteger a los pequeños y medianos comerciantes, que ven sus locales saqueados; y castigar a quienes con violencia comenten un conjunto de conductas que alteran la paz social e impiden a muchos compatriotas vivir con tranquilidad.

En la oportunidad, algunos diputados también aprovecharon de fundamentar su voto, replicando posiciones ya manifestadas en sesiones anteriores. En el oficialismo el apoyo a la iniciativa fue bajo la premisa que la normativa es necesaria y que, incluso, existe un atraso en este tema en el país.
El sector opositor estimó que el proyecto presenta elementos peligrosos y cuestionó el fondo de la necesidad de hacer una reforma a la Ley Penal cuando el problema radica en la identificación de los hechores. En este sentido, se postuló la necesidad de fomentar un mejor trabajo de identificación por parte de las policías.



Proyecto

La iniciativa aprobada aclara la aplicabilidad de la disposición a los ataques en contra de los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad y a los funcionarios de Gendarmería de Chile que se encontraren en el ejercicio de sus funciones; elimina las multas como penas facultativas para los delitos comprendidos en la disposición, o sea deja la pena de cárcel como única alternativa, y distingue la gravedad de las distintas hipótesis, para asignar la respectiva pena privativa de libertad.
Junto con ello, se incluye una remisión a la Ley N° 17.798, sobre control de armas, para efectos de determinar si el ataque contra la autoridad se ha producido a mano armada. Finalmente, establece que las penas se impondrán siempre que el atentado contra la autoridad no constituya un delito al que la ley le asigne una pena mayor, caso en el cual se aplicará únicamente ésta.
La normativa reemplaza el tipo penal del delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, por una nueva figura que sanciona con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, a los que participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que implique: paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de

electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o
municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad; o causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular.
Se introduce como novedad en el sistema, la sanción de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, al que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinadas a prestar auxilio en un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.Junto con lo anterior, se establece que la pena se impondrá sin perjuicio de la que, en su caso, corresponda aplicar además a los responsables por su intervención en los daños, incendio, atentados, robo, infracciones a la Ley sobre Control de Armas y, en general, cualquier otro delito que se cometa con motivo u ocasión de los desórdenes o de los actos de fuerza o violencia.
En la misma línea, se establece que respecto de los delitos de atentados contra la autoridad, atentados y amenazas contra los fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos y desórdenes públicos se impondrá en su máximo (si consta de una escala) o bien no se aplicará el grado mínimo, si ella constare de dos o más grados, a los responsables que actuaren con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del autor.
Finalmente, entre otras materias, el proyecto agrega dentro de las actuaciones de las policía sin orden previa, contenidas en el artículo 83 del Código Procesal Penal, una nueva letra f) que permite a las fuerzas de Orden y Seguridad consignar la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas.
Desde ya puede entenderse la gravedad de que el Parlamento apruebe semejante legislación, que por su amplitud puede castigar cualquier expresión de protesta, más aún cuando le entrega la facultad legal a las policías para fabricar pruebas casi a voluntad, ya que no solo castiga y condena a los implicados a llamar a algún tipo de manifestación, sino que también obliga a los gráficos y/o audiovisuales a entregar su trabajo.
Es más urgente que nunca que la sociedad civil se movilice de todas las formas que sea posible, para oponerse a esta ley liberticida, un verdadero autorretrato del Ministro que la elaboró.











VOTACIONES DEL MINISTRO Sr. RUBEN BALLESTEROS EN CAUSAS DDHH DESDE FINES DE 2006

• Entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, el ministro emitió voto en 90 causas relacionadas

con crímenes ddhh finalizadas en la Sala Penal de la Corte Suprema

• En 85 de ellas, el Sr. Ballesteros votó en contra de condenar a los acusados por considerar prescrita la acción penal. De todas maneras el resultado final en cada causa incluía por lo menos una condena, ya que la opinión del Ministro no fue compartida por la mayoría de sus colegas y su voto quedó consignado por tanto como “voto disidente”.

Respecto a las demandas civiles asociadas a 8 de esas 85 causas, el Ministro en cada uno votó por rechazar las demandas por considerar que los tribunales civiles, y no los penales, tenían competencia para resolver sobre indemnizaciones.

• En cuatro casos adicionales, el Ministro votó de igual forma a favor de absolver por prescripción, y por ser su opinión compartida por una mayoría de sus colegas el resultado final fue la absolución de un total de 10 agentes acusados de 7 homicidios.

• El otro caso de los 90 no fue un fallo definitivo sino la orden de reapertura de una causa

prematuramente cerrada por una instancia menor.

• El único voto mayoritario que el ministro haya emitido a favor de condenar en este tipo de causas vino en un fallo anterior a los analizados arriba, en mayo de 2006, en que la Sala resolvió unánimemente revertir la aplicación de amnistía y condenar a los responsables del secuestro de Diana Aaron.


Observatorio de Derechos Humanos
www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos




“Minería chilena”, un modelo que hace agua
Lucio Cuenca B.


Ante la urgente situación de sequía que vive el norte de Chile, diputados de las zonas afectadas lanzaron recientemente sendas propuestas que buscan palear o dar señales a sus electores respecto a las consecuencias graves que la situación hídrica tiene para los habitantes de sectores rurales y urbanos.

Aunque es interesante que los diputados por fin comiencen a pronunciase sobre una crisis hídrica que hace años ha sido denunciada por las comunidades de los valles nortinos afectados por la megaminería, resulta significativo que las propuestas que se plantean soslayan los temas de fondo y se constituyen en un simple maquillaje de un modelo de desarrollo insustentable.

El diputado Carlos Vilches (UDI), reconocido defensor de la megaminería transnacional en Atacama, presentó la propuesta de declarar a la provincia de Copiapó como “zona de escasez de agua”, y con ello, solicita a las autoridades que se recurra a convenios ambientales binacionales, que buscan consagrar la protección de los aguas compartidas con Argentina, para que se traiga agua del vecino país. Por su parte, la diputada PPD, Adriana Muñoz, plantea como solución la nacionalización del agua, pidiéndole al ejecutivo reponga el proyecto que para tal efecto habría presentado Michelle Bachelet, el 7 de enero de 2010, días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y que fuera retirado por la derecha en el parlamento. Este proyecto, establecía en su artículo segundo que se agregara al numeral 23 del artículo 19 de la Constitución Política “Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” y a renglón seguido, se establecía además que se garantizaba a los particulares la propiedad de los derechos de agua ya constituidos.

Ambas soluciones, que pueden parecer bien en una primera lectura, evidencian que se elude discutir la causa de fondo de la escasez, que a nuestro modo de ver puede resumirse en que en un contexto de cambio climático, las autoridades nacionales han optado por someterse a los requerimientos de la megaminería, suscribiendo una institucionalidad supranacional que reste soberanía sobre el uso de los bienes comunes, optando de manera sistemática por no escuchar los modos de desarrollo que las comunidades quieren para sus vidas.

De este modo, vemos que ambas propuestas, muy en la línea de la gestión de las autoridades nacionales, mantienen la propiedad privada del agua y el mercado como principal instrumento de gestión de esta, y consolidan el modelo de expansión minera desenfrenada impuesto en la franja fronteriza entre Chile y Argentina donde se encuentran todas las reservas hídricas de nuestras cuencas niveles. En el caso de Vilches, legitimando el traspaso de agua de Argentina a Chile, bajo el pretexto de consumo ciudadano, pero en un contexto de otorgación por parte de la Dirección General de Aguas de más derechos de lo que la capacidad de recarga de los acuíferos pueden satisfacer, por lo tanto, se hace evidente que esa agua irá en beneficio de los megaproyectos mineros ya comprometidos: Cerro Casale (Barrick), Caserones (Lumina Cooper), Lobo Marte (Kinross), Minera Candelaria (Freeport McMoRan Copper & Gold.) , Maricunga y Mantos de Oro (Kinross), el proyecto binacional Vicuña (Tenke), entre otros.

La propuesta de Muñoz, supone que los glaciares, reservas hídricas estratégicas en la zona en cuestión, quedarían a merced del mercado, pues como bien estableció la reforma de Bachelet, se consagraría el principio del agua (en todos sus estados) como bien nacional de uso público, pero sin alterar la cláusula del derecho de aprovechamiento entregado en propiedad a los privados que es uno de los factores que ha generado el actual estado de desequilibrio en los ecosistemas, y una alta concentración de los derechos de agua a manos de las grandes empresas a nivel nacional. Es decir, con la reforma que pretende reflotar Adriana Muñoz, hasta los intocables glaciares pueden constituir derechos de agua y ser factibles de explotación, los mismos glaciares que la ciudadanía de Chile y Argentina han manifestado se deben proteger y defender.

Para nosotros es claro que mientras no se cuestione el “incuestionable” modelo minero chileno, cada vez menos chileno y más desolador, el mismo que pretende más que triplicar la inversión en el sector de los últimos 20 para los 7 años que vienen (US$ 67.000 millones, Cochilco 2011), será inoficioso plantear soluciones para la escasez hídrica… el modelo minero solo hará agua si los chilenos y chilenas emprendemos la tarea de rediseñarlo para beneficio colectivo y sin destruir el hábitat que nos sostiene.



Fuente: cavila.cl

Adiós a las semillas

Entre cuatro paredes, sin consultar con la ciudadanía, senadores aprobaron vender todas las semillas chilenas a la empresa norteamericana Monsanto.
La noticia pasó inadvertida en medio de las movilizaciones contra el proyecto Hidroaysén, registradas en Santiago, Valparaíso y otras regiones del país. Ni la televisión ni las radios ni menos la prensa escrita informaron sobre esta decisión que dejó a muchos estupefactos pues en la práctica significa una fuerte pérdida de soberanía.
En palabras simples, con el “acuerdo” de los senadores, la empresa norteamericana Monsanto, conocida en todo el mundo por su elaboración de semillas transgénicas, será la dueña de todos nuestros vegetales, hortalizas, frutas y verduras, de aquí a un corto plazo. Esto, porque la empresa poseerá las patentes de todos los tipos de semilla que existan en el país, por lo tanto, como dueña de la marca “tomate chileno” podrá cobrar derechos a todos quienes cultiven tomate pues usaron sus semillas para hacerlo.
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El asunto parece grave y muy grave. No se entiende cómo un grupo de senadores que supuestamente trabajan para el país, entregan a la venta algo tan sensible como las semillas: el inicio de toda la cadena alimenticia, de todo el ciclo, algo ancestral, que está en la tierra, y donde al menos culturalmente, reside gran parte de la escasa identidad que tenemos los chilenos como pueblo. Si lo pensamos en términos de soberanía, claramente el asunto constituye un mordisco importante a la bandera, el escudo y todo lo que se entiende por “patria”.
Cuando Chile aprobó su Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el poeta Armando Uribe señaló tajante en una entrevista que con ese acuerdo “nuestro país desaparece como tal y pasa a ser una colonia norteamericana”. Lo acusaron de alarmista, de loco, pero jurídicamente, Uribe – abogado de amplia trayectoria, experto en derecho minero – tenía toda la razón. Una de las cláusulas más importantes del TLC es que Chile no puede cambiar las “reglas del juego”, entiéndase, el capitalismo desregulado o neoliberalismo. Por lo tanto, las autoridades políticas chilenas están obligadas a responder a los requerimientos de las empresas norteamericanas, que llegan a “invertir” acompañadas de su embajador y el TLC bajo el brazo. No hay forma de impedirlo, y eso significa que un país ya no es soberano, ya no se manda solo: es una colonia dependiente.
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En este caso de las semillas, también, justamente, los defensores
del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, argumentando que estábamos obligados a firmar el convenio citado. ¿Para quién trabajan esos senadores? O hilando más fino, ¿quién financia sus campañas?
Más claro echarle agua, los gringos se compraron Chile y ahora la estamos viendo bien fea, arrasarán la Patagonia, desaparecerá Isla Riesco, nos quitaron las semillas, el campo y dentro de poco, el agua. ¿Qué nos va a quedar? Con una institucionalidad desaparecida, arrasada por el poder económico, sólo queda dar paso a una mera administración de los costos sociales del modelo de libre mercado, y seguir siendo una economía exportadora de materias primas.
Mucha gente se pregunta entonces ¿cuál es la diferencia entre esta democracia y la dictadura de los ’70 y ’80? Antes no opinábamos, ahora tampoco. El país se vende entero y a nosotros ni nos preguntan, pues nuestra constitución no considera el plebiscito como herramienta democrática. Aunque con el famoso TLC, aunque hubiera plebiscito, no valdría nada pues “no se pueden cambiar las reglas del juego”. ¿O quieren hacer enojar a EE.UU.?
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Así que ya lo sabe, si tiene semillas de algo, guárdelas como recuerdo, y ojo porque ahora Monsanto es el dueño de la tierra, y quien quiera cultivar en grande o en chico tendrá que comprarles a ellos las semillas o atenerse a las consecuencias: llega a tu casa la PDI, te confisca toda la cosecha, los cultivos y las plantaciones, te esposan y te acusan de ladrón, porque la semilla que usaste no es tuya, tiene dueño. Y es norteamericano.
lavega-central
Los senadores que votaron a favor de la venta de las semillas chilenas a Monsanto fueron: Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de Santiago) y Jaime Orpis (Tarapacá); los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García y Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama); y el PPD Eugenio Tuma (Araucanía). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN). En contra: Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC, junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD).
Lo que estos senadores acaban de aprobar es el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV 91.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile, el exitoso lobby empresarial para que nuestro país, firmante de UPOV 78, adhiriese a UPOV 91, fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de ANPROS (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.
stencil-bicentenario

Nota de la Redacción: el presente artículo es una columna de opinión enviada por el señor Leonardo Ricatti, colaborador esporádico de nuestra revista, por lo tanto, su contenido en cuanto a uso del lenguaje, utilización de fuentes y entrega de información es de criterio exclusivo del autor. Para tener información más concreta sobre el tema de las semillas revisa las otras notas publicadas en nuestra revista:

http://www.cavila.cl/2011/05/17/la-crisis-de-las-semillas

http://www.cavila.cl/2011/05/16/bachelet-y-el-documento-que-le-abrio-la-puerta-a-los-transgenicos